V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS

El pasado 28 de marzo se cumplieron 500 años del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, una monja carmelita que acometió una profunda reforma en la orden del Carmelo convirtiendo en austeridad y pobreza el gran lujo presente en los coventos de esta orden representado a la perfección por las llamadas 'doñas', las monjas procedentes de la nobleza. 

La gran trascendencia de su obra, que no ha perdido importancia con el paso del tiempo, la coloca como la cumbre del Misticismo junto a San Juan de la Cruz.

Toda su importancia la hace merecedora de esta conmemoración del V Centenario de su Nacimiento, calificando el año 2015 como el Año de Santa Teresa de Jesús. Y con motivo de este acontecimiento, se van a desarrollar a lo largo del año toda una serie de eventos, entre conciertos, exposiciones y talleres. Dos de estas exposiciones son las que se están llevando a cabo en la Biblioteca Nacional (Santa Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad) y en el Museo de Zamora, en el que su protagonismo vendrá de la mano de una imagen suya, Santa Teresa de Jesús recibiendo la comunión de San Pedro de Alcántara, que se incluye en su colección de visitas guiadas hasta el 2 de mayo. 

Qué es el plan de trabajo garantizado que propone Izquierda Unida

El plan de Izquierda Unida para acabar con el desempleo se llama Trabajo Garantizado. Se trata de un ambicioso programa de inversión pública con un objetivo igual de ambicioso: crear un millón de empleos en solo un año para, de esa forma, reactivar la economía y aspirar al pleno empleo. Según el documento sobre el que trabaja el partido, el trabajo garantizado no sólo crea trabajo, sino que "alivia muchos de los problemas derivados del desempleo", "se satisfacen innumerables necesidades económicas", consigue "estabilidad macroeconómica" y evita "tensiones deflacionistas".

¿En qué consiste exactamente el plan?

En movilizar presupuesto público para que el Estado garantice empleo a las personas que no lo han podido encontrar en el mercado privado. El plan de IU propone crear un millón de empleos públicos en un año. El ente contratante sería el Servicio Público de Empleo, pero serían las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que gestionarían ese trabajo. Se trataría de un contrato diferente a los que existen ahora, es decir, no serían funcionarios ni personal laboral. "Es una relación laboral que no existe, hay un equipo de juristas trabajando en ello pero sería compatible con la legislación vigente", explica el coordinador de este plan, Eduardo Garzón.

¿Tendrían los mismos derechos que un trabajador normal? ¿Cuál sería el salario?

Estos empleos cotizarían y tendrían todos los derechos laborales salvo uno: el derecho a la negociación colectiva. "Es una medida de emergencia y es importante que estos salarios no puedan ser negociados. Es posible llegar al pleno empleo contratando a todas las personas que quedan fuera del mercado laboral privado siempre que las remuneraciones sean bajas", asegura Garzón. Es decir, los salarios más altos del sector privado estimularían a los trabajadores de este plan a aceptar otros trabajos.

"Además, las empresas se verían obligadas a ofrecer sueldos más altos si quieren atraer talento. La idea es que todo lo que quede por debajo acabe desapareciendo, porque la gente podría dejarlo para acogerse al trabajo garantizado", dice. El plan de IU determina salarios de entre 900 y 1.200 euros brutos en función de la cualificación. Los sueldos más altos supondrían una remuneración de unos 1.050 euros netos al mes, unos 15.000 euros anuales.

¿Qué tipo de empleos se crearían?

IU habla de varios sectores: servicios sociales, cuidado del medio ambiente, servicios culturales, deportivos y recreativos, y construcción y mantenimiento de infraestructuras. Más concretamente, cuidado de dependientes, niños, apoyo a estudiantes, protección de bosques, reciclaje, cuidado de espacios verdes, protección del patrimonio o mantenimiento de infraestructuras, entre otros.

Eduardo Garzón habla de un núcleo principal de empleos –formado por los trabajos que atienden necesidades más urgentes o necesarias para la sociedad–, y de una red de empleos no tan perentorios. De esta forma, si una persona con un empleo 'del núcleo' encuentra un puesto en el sector privado, otra persona del programa de trabajo garantizado que estuviera desempeñando una labor diferente le sustituiría. "Habría una transferencia de trabajadores a necesidades prioritarias", asegura.

¿Quién decidirá a quién contratar y con qué criterios se elegirán a las personas beneficiarias?

Aunque el SEPE será el agente contratador, la idea de IU es que sean los entes locales "junto a la sociedad civil" los encargados de decidir qué trabajos se harán en cada comunidad en función de sus necesidades. ¿A quién elegir? Es uno de los puntos por aclarar y en el que los expertos que preparan el plan del partido siguen trabajando. "Hay varias ideas, contratar a personas que vivan en familias sin ingresos, o bien contratar jóvenes, o que los municipios y la sociedad civil decidan en función de las características de cada comunidad", explica Eduardo Garzón.

¿Cuánto cuesta este programa?

La estimación de IU es una inversión inicial de unos 15.000 millones de euros. Sus cálculos indican que parte de ese dinero se recuperaría, puesto que volvería al Estado en forma de cotizaciones e impuestos. En ese caso, creen que el impacto neto sería de 9.600 millones, una previsión que consideran conservadora y fácilmente mejorable si se tiene en cuenta que también supondrá un ahorro en, por ejemplo, prestaciones por desempleo.

El partido propone financiar este plan mediante los recursos obtenidos de una reforma fiscal amplia, así como con préstamos del Banco Central Europeo a través del Instituto de Crédito Oficial. No descartan acudir a acreedores privados si fuera necesario.

¿Cómo garantizar que el empleo público no se degrada y que estos empleos no impiden la actividad privada?

"Son dos riesgos, habrá que controlarlos y evitar que ocurran", dice Garzón. Sobre el primer paso, que este tipo de empleos acaben sustituyendo a los puestos de trabajo que cientos de miles de personas hacen para las administraciones, Garzón señala que habría que asegurarse de que las administraciones no pueden despedir a empleados públicos para luego utilizar esta figura. En cuanto a que este tipo de actividades impidan que empresas privadas especializadas se queden sin mercado, asegura que existirá una especie de autorregulación: si una comunidad detecta que ese servicio ya está ofrecido, decidirá crear los empleos en otro sector.

¿Qué efectos pretenden?

Por un lado, IU estima que ese millón de empleos generarían alrededor de otros 200.000 o 300.000 puestos de trabajo privados y que, en general, ayudarían a reactivar la economía. "Permite un aumento de la capacidad adquisitiva, eso elevaría el consumo, supondría más ventas, mejores previsiones empresariales, más empleo...". Garzón recuerda que este plan iría acompañado de otras medidas encaminadas a conseguir los mismos resultados y que se trata de un programa "de urgencia". IU asegura que la desigualdad se reduciría, el trabajo de cuidados se dignificaría, y las actividades económicas y sociales que actualmente son insuficientes para cubrir las necesidades de la gente se reforzarían.

"Es profundamente absurdo y contraproducente que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos y de nuestro medio ambiente no estén cubiertas", reza el documento con el que trabaja IU.


FUENTE: Eldiario.es

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

"(...) las instituticones conmemoran y celebran este día, mientras los restantes 364 que completan el año permanecen pasivos y en silencio cómplice mientras se vulneran los derechos de las mujeres y de las niñas, recortándolos o violentándolos; o incluso elaboran leyes que los recortan aún más. Se podrían enumerar un sinfín de ejemplos en que predominan prácticas sociales, costumbres e incluso leyes que vulneran, directa o indirectamente, nuestros derechos, convirtiéndolos en simple moneda de cambio a efectos partidistas o electoralistas (...)"

El ataque del Gobierno de Rajoy al pueblo griego (y al español)

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

El desastre al cual nos han llevado en Europa la aplicación de las políticas neoliberales impuestas a las distintas naciones y pueblos de los países de la Eurozona por parte de partidos gobernantes de sensibilidad conservadora como la democracia cristiana, o por parte de partidos liberales o partidos de tradición socialdemócrata que hicieron suyo el socioliberalismo imperante (abandonando cualquier vocación transformadora que hubieran tenido) explica que hayan surgido movimientos contestatarios de protesta, portadores de visiones y propuestas distintas, cuando no opuestas, a las dominantes. Algunos de estos movimientos son claramente de izquierdas que, o bien nuevos o reciclados de partidos existentes, representan una esperanza de cambio que está canalizando el gran enfado de las clases populares (que constituyen la mayoría de la población) en estos países, y que han alcanzado unos niveles de apoyo popular que los establishments financieros y económicos que instrumentalizan los poderes políticos y mediáticos de tales países han considerado alarmantes, tal y como ocurre en España. Y lo que más les ha asustado es que, lejos de la imagen del revolucionario bolchevique dispuesto a tomar el Palacio de Invierno, estos movimientos son movimientos pacíficos, no violentos, que exigen democracias denunciando el régimen llamado democrático surgido en el caso español de una Transición inmodélica de la dictadura a la democracia, por sus enormes limitaciones y por el abusivo control que se ha hecho de las instituciones llamadas representantivas por parte de aquellos poderes financieros, económicos y mediáticos. Tales movimientos han sido exitosos en desenmascarar el discurso oficial supuestamente democrático, que contrasta tan claramente con sus prácticas y políticas públicas, de claro corte antidemocrático. En este contexto, exigir democracia real es una demanda revolucionaria hoy en estos países, incluyendo España.


Predeciblemente, tales establishments han respondido con una enorme agresividad (sin precedentes desde la revuelta militar y la represión que le siguió en el año 1936) que no tiene límites, en sus manipulaciones, mentiras y falsedades. Ejemplos hay miles de ellos. El Presidente Rajoy, jefe de un partido profundamente afectado por la corrupción, continuador de la derecha que controlaban los aparatos del Estado dictatorial, alarmaba hace unos días a la población, presentando estos movimientos contestatarios prodemocráticos como portadores de valores peligrosos subrayando que "no podemos volver a las ideas que fueron liquidadas cuando cayó el muro de Berlín", presentándoles como proponentes del régimen soviético que había existido al este de tal muro. La desvergüenza de tal personaje no tiene límites, pues seguro que sabe que las demandas de tales movimientos distan mucho, y en realidad son opuestas, a las que se dieron en aquella parte del continente europeo.

Lo que ocurre es que las fuerzas dominantes en Europa, desde la Sra. Merkel al Sr. Rajoy, han sido responsables de unas políticas que han dañado enormemente el bienestar de la población, y los movimientos populares que están surgiendo, desde Syriza en Grecia a Podemos en España, desean interrumpir tales políticas, realizadas todas ellas sin mandato popular, para, a través de nuevas instituciones auténticamente democráticas, permitir el desarrollo de propuestas de orientación socialdemócratas, olvidadas y abandonadas por los partidos que llevan tal nombre, bajo el argumento de que el desarrollo de tales políticas era y es imposible de realizar en el mundo actual. Así, el Presidente Zapatero congeló las pensiones para ahorrar 1.500 millones de euros, cuando podría haber conseguido ahorrar mucho más eliminando la bajada del impuesto de patrimonio, con lo cual hubiera conseguido 2.100 millones de euros. Y el Presidente Rajoy recortó 6.000 millones de euros de la sanidad pública española para pagar la deuda cuando podría haber conseguido casi la misma cantidad revirtiendo la bajada de impuestos de las empresas que facturan más de 140 millones de euros al año (que representan el 0,18% del total de empresas), consiguiendo así una cantidad semejante. Presentar estas alternativas como bolcheviques habla mucho del presentador y de su capacidad de falsificar la realidad.

El argumento que aduce la imposibilidad de estas políticas de corte socialdemócrata es político y no económico o financiero. Este último discurso se utiliza para ocultar el primero. En realidad, muchas de las políticas propuestas se están realizando en varios países. 

La división entre los pueblos como su estrategia

Una manera de que tales establishments conservadores y liberales se perpetúen y reproduzcan es intentando dividir a las clases populares, utilizando un nacionalismo excluyente que sitúa a unos ciudadanos en contra de otros. El gobierno Rajoy está utilizando una visión nacionalista españolista que excluye cualquier visión plurinacional del Estado español, presentándose como los únicos defensores de la "patria", un mensaje que contrasta con sus comportamientos de docilidad (antipatriótica) hacia aquellos intereses extranjeros que, en defensa de sus propios intereses, están dañando profundamente el bienestar de los españoles. Es vergonzoso que se hayan convertido en los máximos defensores de las medidas de austeridad impuestas con gran dureza y mezquindad al pueblo griego (y al español) por presiones del establishment alemán (ver "El ataque frontal del gobierno alemán y el BCE a Grecia", Público, 18.02.15).

Este comportamiento se ha reproducido en intentar crear un enfrentamiento entre las clases populares españolas (los pensionistas y los parados, en concreto) y las griegas. Hemos visto estos días, de nuevo, al Presidente Rajoy, a los Ministros Montoro, de Guindos y al Sr. Margallo, repitiendo que los pensionistas y los parados han visto recortar sus beneficios para que España pudiera ayudar a la población griega en un acto de solidaridad que el gobierno Syriza griego violaría si el gobierno griego dejara de retornar el dinero que fue prestado por los pensionistas y por las personas en paro en España al pueblo griego. El nivel de sinvergonzonería alcanza unos niveles que no se había visto desde tiempos de la dictadura. Por desgracia, el economista de El País, el Sr. Díez, asesor del señor Zapatero, añadió su voz a tal argumentario: "la quita supondría una pérdida de unos 400 euros para cada ciudadano alemán y unos 300 euros para cada ciudadano español" ("El avispero griego, El País 12.01.15). 

La falsedad del argumentario neoliberal

La impresión de que los pensionistas y los parados tienen reducida su cobertura y beneficios porque el Estado le ha prestado dinero al pueblo griego, implica que, en el presupuesto del Estado español, ha habido un ítem de 26.000 millones de euros (la cantidad supuestamente prestada) que se han utilizado para prestarlos a los ciudadanos griegos a fin de que puedan atender a sus necesidades, a costa de no subir las pensiones (que podrían haberse subido un 38% según Margallo, en caso de que no hubiera habido tal transferencia). Esto no es cierto. Es una falsedad y es imposible que el Sr. Margallo y todos los otros ministros previamente citados no lo supieran. Es condición para ser Presidente y Ministro conocer un mínimo las cuentas del Estado. Y aun cuando el nivel de exigencia para tales Ministros del gobierno popular no es muy alto, seguro que saben que ello no es cierto.

En realidad, la gran mayoría de estos fondos son bonos públicos del Estado Español, asignados por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera que facilitaron que el Estado griego pudiera pagar las deudas, consecuencia, en parte, del rescate a los bancos tanto griegos como alemanes, franceses y españoles en su famoso rescate del 2011 y 2012 que, por cierto, aumentó enormemente la deuda pública griega. También estos y otros fondos fueron utilizados como avales para que fueran utilizados por empresas, incluyendo españolas, en su negocio en Grecia. Estos bonos y avales, por cierto, generan beneficios al Estado español y a sus compradores.

Es más, el Estado español, bajo el mandato del Sr. Rajoy, de los Ministros Montoro, de Guindos y el Sr. Margallo, ha apoyado el gasto de millones de euros para rescatar el sistema bancario español. Según datos del Banco de España de más de 61.000 millones de euros de fondos públicos aportados desde 2009 para la reestructuración del sistema financiero español, hasta la fecha no se han recuperado ni 2.000 millones. Y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la entidad pública creada exclusivamente para rescatar la banca privada española, ha admitido haber perdido ya más de 37.000 millones de euros.

Con este dinero podrían haberse subido las pensiones y aumentado la cobertura del paro. Las palabras de todos estos personajes no son más que un intento de manipulación fallida. Y lo más ofensivo de todo esto es la bajeza de intentar enfrentar a españoles y griegos recurriendo al sufrimiento de tantos hogares en España que se encuentran en una precariedad sin precedentes por culpa única y exclusivamente de las políticas austericidas implementadas y promovidas por el gobierno del que forman parte.

En base a esta experiencia, que el gobierno popular se presente como salvador de la población griega, a costa de la población española, es una falsedad como un templo. Han movido cielo y tierra para apoyar al gobierno alemán en su dureza y mezquindad, negando el respiro que pedía Syriza para poder atender el desastre humano que las políticas neoliberales promovidas por Merkel y Rajoy han impuesto en aquel país. Estas políticas alcanzaron niveles de crueldad, en un caso de terrorismo financiero, dificultando a la vez que pudieran también cambiarse las políticas de austeridad en Grecia.

Una última observación. Sería importante que los dirigentes del gobierno popular conocieran mejor los sistemas públicos que están destruyendo. Cuando Margallo indicó que con los 26.000 millones supuestamente prestados a Grecia "se podría haber aumentado un 38% las pensiones públicas" muestra su grado de ignorancia. El gasto en pensiones según el presupuesto de 2015 es de 131.658 millones de euros. Un 38% más de esta cantidad (la sugerida por el ministro) son 50.030 millones más, no 26.000 millones como él indica. ¿Qué no conoce el presupuesto del gobierno?


FUENTE: Blogs.Público